Descripción general del proceso EB-5
Kyle Huffman • April 25, 2024
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Embarcarse en el viaje de inmigración EB-5 es tanto un profundo esfuerzo personal como una decisión estratégica de inversión. Para las personas que buscan hacer de los Estados Unidos su nuevo hogar al tiempo que contribuyen a su panorama económico, el Programa EB-5 para Inmigrantes Inversores ofrece una vía como ninguna otra. Este programa, establecido por el gobierno estadounidense en 1990, ofrece a los inversores extranjeros la oportunidad de obtener la residencia permanente en Estados Unidos invirtiendo en empresas creadoras de empleo. Sin embargo, navegar por las complejidades del proceso EB-5 requiere un conocimiento profundo de sus complejidades, requisitos y posibles escollos. En esta guía, ofrecemos una breve descripción general de los pasos y documentos que intervienen en el proceso de inmigración EB-5, arrojando luz sobre sus componentes clave, los criterios de elegibilidad, las opciones de inversión y los pasos del procedimiento, dotando a los posibles inversores de los conocimientos necesarios para embarcarse en este viaje transformador con confianza.
Antes de seleccionar un proyecto y realizar la inversión, es importante que un inversor EB-5 consulte con una firma jurídica de inmigración para elaborar una estrategia para la solicitud. Es necesario demostrar al Servicio de Inmigración (USCIS) que todos los fondos utilizados en la inversión se obtuvieron y retuvieron legalmente, por lo que su abogado querrá saber de dónde procede el dinero para la inversión y dónde se ha retenido desde que se obtuvo.
Una vez satisfecho con la procedencia y el rastreo de los fondos, el inversor puede seleccionar un proyecto en el que invertir. Tras la aprobación de la Ley de Reforma e Integridad del EB-5, algunos proyectos de inversión ya han sido preaprobados por USCIS mediante la presentación del formulario I-956 y la designación como Centro Regional de Inversión. Por defecto, la inversión mínima requerida es de 1.050.000 dólares; sin embargo, esta cantidad se reduce a 800.000 dólares para los centros de inversión situados en "zonas de empleo específicas".
Después de presentar la inversión al centro regional, el inversor trabajará con su abogado para crear la petición I-526. En esta etapa del caso, es el momento de mostrar USCIS la fuente y el rastreo de todos los fondos utilizados para la inversión. Los tipos de documentación necesarios para demostrar el origen lícito y el rastreo de los fondos son extremadamente amplios y dependen en gran medida de la procedencia del dinero en cada caso particular, pero los documentos más comunes incluyen formularios de impuestos W-2 o 1099, declaraciones de impuestos federales y estatales, extractos de cuentas bancarias, contratos de compraventa de bienes inmuebles, certificados de acciones, contratos de préstamo, documentos de herencia y registros de transferencias bancarias, entre otras muchas posibilidades.
Los solicitantes del EB-5 pueden tramitar su Green Card
a través de USCIS presentando una solicitud I-485 de Ajuste de Estatus, o bien tramitarla a través del consulado de su país de origen. Si ya se encuentra en los Estados Unidos con otro estatus válido, la solicitud de Ajuste de Estatus puede presentarse simultáneamente con la petición I-526. Si se tramita a través de un consulado en el extranjero, el inversor tendrá que esperar hasta que se apruebe la I-526 antes de iniciar el proceso consular. El solicitante principal, junto con su cónyuge y sus hijos solteros menores de 21 años pueden obtener la residencia permanente a través del proceso EB-5.
Al término de cualquiera de los dos procesos, ya sea solicitando la Green Card dentro de los Estados Unidos o buscando la entrada a través de un consulado, USCIS emitirá Green Cards condicionales, con una validez de dos años. En los últimos tres meses antes de que expire la Green Card condicional, el inversor y su familia tendrán que presentar una solicitud I-829 para la eliminación de las condiciones de la tarjeta verde. En esta fase, casi dos años después de realizada la inversión, USCIS confirma si la inversión se mantiene en el proyecto y se han creado los 10 puestos de trabajo requeridos. Tras la aprobación del formulario I-829, el inversor y su familia recibirán la Green Card permanente, con una validez de 10 años.
El inversor y su familia podrán solicitar la nacionalidad estadounidense cinco años después de la expedición de la tarjeta de residencia inicial. La Green Card condicional cuenta a estos efectos, por lo que la ciudadanía será una posibilidad aproximadamente 3 años después de que se expidan las Green Cards permanentes.
En conclusión, el Programa EB-5 para Inmigrantes Inversores constituye una vía única para que personas de todo el mundo hagan realidad sus aspiraciones de vivir y prosperar en Estados Unidos. Mediante la inversión estratégica y la dedicación a la creación de empleo, los participantes no sólo obtienen la residencia permanente, sino que también contribuyen al crecimiento económico y la prosperidad del país. Sin embargo, es crucial que los futuros inversores aborden el proceso EB-5 con una planificación meticulosa, una investigación exhaustiva y una orientación experta para sortear con éxito sus complejidades. Al comprender los requisitos del programa, explorar las opciones de inversión y cumplir las directrices de procedimiento, los aspirantes a inmigrantes pueden embarcarse en su viaje EB-5 con claridad y confianza. En última instancia, el programa EB-5 representa algo más que una vía para obtener la residencia: encarna el espíritu emprendedor, la innovación y la oportunidad que definen el sueño americano.
Si usted cree que puede calificar para el programa EB-5 o si tiene alguna pregunta, por favor programe una consulta con uno de nuestros abogados expertos y estaremos más que encantados de ayudarle.
Este blog no pretende ser un consejo legal y nada aquí debe interpretarse como el establecimiento de una relación abogado-cliente. Por favor, programe una consulta con un abogado de inmigración antes de actuar sobre cualquier información leída aquí.
The Department of Homeland Security (DHS) published its final rule eliminating the longstanding "duration of status" (D/S) policy for F, J, and I visa holders, replacing it with a fixed period of admission effective September 15, 2026. This rule requires that those who need additional time to complete their programs must file Form I-539 with USCIS or travel abroad and seek to reenter to extend their authorized period of stay. F and J visa holders present in the U.S. and in valid status on September 15, 2026, will be allowed to remain in the United States until the Program End Date listed on their current Form I-20 (for F-1s) or Form DS-2019 (for J-1s), up to a maximum of four years (until September 15, 2030) plus a 60-day grace period for F-1s and a 30-day grace period for J-1s, without filing an Extension of Status request with USCIS. However, this safety net only applies while staying in the U.S.; international travel and subsequent reentry after September 15, 2026 will result in readmission under the new rule with an I-94 that expires on the Program End Date or Employment Authorization Document (EAD) expiration, but no later than four-years after their date of re-entry. Additionally, once re-admitted under the new rules, F-1s will only receive a 30-day grace period. Immediate Practice Tips: Any F-1 or J-1 nonimmigrant currently in the U.S. who plans to change programs, start a new degree level, or needs more time to complete their studies must work with their school or program sponsor to update their SEVIS record and receive an extended Form I-20 or DS-2019 before September 15, 2026. Eligible F-1 students should submit their post-completion OPT or STEM OPT work authorization applications (Form I-765) before September 15, 2026, to secure their status and drastically reduce the likelihood of needing a Form I-539 extension application. Any F-1 student who is eligible to apply for OPT or STEM OPT before March 18, 2027, should do so as soon as they are eligible to file their Form I-765. Since F-1s can file OPT applications up to 90 days in advance of graduation, F-1 students graduating before June 15,2027, should be able to file their OPT applications before March 18, 2027, and should do so to avoid also having to file Form I-539 to extend their stay. Thus, most F-1 students graduating in December 2026 and May/June 2027 should be able to take advantage of the transition rule’s delay in having to file Form I-539 applications and should only need to file Form I-765 to apply for OPT. Incoming F-1 and J-1 students who can enter the United States before the September 15, 2026 effective date (within the permissible 30-day window prior to their program start) should do so to benefit from the transition rules, including the full 60-day F-1 grace period and deferred extension requirements. Students (F-1 and J-1) who are planning international travel should return before the effective date if possible to preserve their transition benefits. There are many parts of the rule that are not discussed here. If you are currently an F-1 or J-1 visa holder, you should proactively coordinate with your institutions and international office to protect your status and stay informed.
U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) has released updated policy guidance detailing how officers will evaluate "public charge" inadmissibility for individuals applying for green cards through adjustment of status. This update follows a Department of Homeland Security (DHS) final rule that rescinds the 2022 public charge regulations. The new policy takes effect on September 18, 2026 , and applies to all green card applications (Form I-485) postmarked or submitted on or after that date. Who Is Subject to the Public Charge Rule? Most family-based and employment-based green card applicants will be subject to the public charge ground of inadmissibility. This includes spouses, children, and parents of U.S. citizens or legal permanent residents, as well as most employment visa preference categories, investors, and diversity visa applicants. Certain categories remain explicitly exempt under immigration law. These include: Asylees and refugees Victims of human trafficking (T visa) or crime (U visa) Violence Against Women Act (VAWA) self-petitioners Special Immigrant Juveniles Temporary Protected Status (TPS) applicants Certain military-related applicants and other designated humanitarian groups How USCIS Will Make Determinations USCIS officers will evaluate whether an applicant is likely to become a public charge by reviewing the totality of their circumstances on a case-by-case basis. Key factors include: Five Statutory Factors: Age, health, family status, assets/financial resources, and education or skills. Affidavit of Support: Submission of Form I-864 executed by a sponsor. Use of Public Benefits: USCIS will look at means-tested public benefits, such as cash assistance for income maintenance, housing assistance, food stamps (SNAP), or college financial aid. Note on timing: For benefits received before September 18, 2026, USCIS will only consider public cash assistance for income maintenance and long-term institutionalization at government expense. For benefits received on or after September 18, 2026, the broader consideration of all listed means-tested benefits will apply. Public Charge Bonds If an officer determines that an applicant is inadmissible solely on public charge grounds, USCIS may issue a Notice of Intent to Deny that invites the applicant to post a public charge bond using Form I-945. If an invited applicant successfully posts the required cash or surety bond, USCIS may approve the application for permanent residence. Public charge bonds can only be submitted if explicitly invited by USCIS. Santos Lloyd Law Firm will continue to monitor immigration developments closely and provide updates as further implementation details are released. For more information, please access: https://www.uscis.gov/newsroom/alerts/uscis-issues-guidance-on-making-public-charge-inadmissibility-determination
The Department of Homeland Security (DHS) is considering a regulatory proposal that would remove the discretionary 60-day grace period currently available to certain nonimmigrant visa holders (including H-1B, L-1, TN, E, and O-1) and their dependents. The draft rule is currently undergoing interagency review by the Office of Management and Budget (OMB) and has not yet been formally published for public feedback. What This Means Right Now Nothing changes today. The 60-day grace period remains in effect while this rule goes through the approval process. Under current rules, if your job ends early, you have up to 60 days (or until your I-94 expires) to leave the U.S., find a new sponsor, or apply to change status. What Could Change If approved, foreign workers who lose their jobs would no longer get automatic time to find a new employer or change status from within the U.S. They would generally be required to leave the country immediately. Next Steps Once the OMB finishes its initial review, the proposed rule will be published in the Federal Register, opening a public comment period of 30 to 60 days. Based on feedback received during this time, DHS may decide to alter, withdraw, or proceed with the proposal. If the government decides to finalize the rule, the entire process will likely take several months before taking effect. Santos Lloyd Law Firm will continue to monitor developments closely and will share updates on our immigration blog and social media pages as more details emerge.
