Shutdown Showdown: La amenaza que se cierne sobre los servicios de inmigración en medio de las disputas fiscales

Flavia Santos • November 30, 2023

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Cada año, al comenzar el nuevo año fiscal federal, el Congreso de los Estados Unidos se enfrenta a la tarea fundamental de llegar a un consenso sobre la financiación del gobierno federal. Si el Congreso no logra llegar a un acuerdo y aprobar el proyecto de ley de asignaciones necesarias, existe la posibilidad de que se produzca un cierre parcial del gobierno.

Las consecuencias de dicho cierre sólo serían uniformes en algunas agencias gubernamentales si se produjera el 1 de octubre de 2023. El alcance del impacto fluctuaría, en particular para las agencias que se ocupan de asuntos relacionados con la inmigración, dependiendo de varios factores, incluida su capacidad para generar tasas y otras consideraciones.

A pesar de la incertidumbre, se prevé que ciertas funciones esenciales del gobierno persistirían, asegurando que los servicios básicos y las responsabilidades se sigan cumpliendo, incluso en el caso de un estancamiento de la financiación del gobierno. Aunque un cierre del gobierno no es definitivo, si ocurre, podemos anticipar retrasos en las prestaciones de inmigración. Teniendo en cuenta anteriores cierres, es probable que los servicios de inmigración se vean interrumpidos.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) 

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (USCIS) funciona principalmente con tasas y no con fondos públicos. Las oficinas del USCIS han permanecido normalmente abiertas en anteriores cierres, pero debemos prever una ralentización de las operaciones y cuellos de botella en la tramitación.

Esta ralentización se produce debido a la reducción de los niveles de personal, principalmente cuando los adjudicadores de USCIS dependen de otras funciones del gobierno para tomar decisiones. Aunque USCIS no depende en gran medida de la financiación del gobierno, la interconexión de varios organismos puede afectar indirectamente a su eficiencia durante los cierres del gobierno, dando lugar a posibles retrasos en los servicios relacionados con la inmigración y las decisiones.


Hablando del impacto directo de la inmigración en el gobierno federal, cabe destacar la estructura de financiación y los efectos potenciales de los cierres del gobierno en agencias específicas del gobierno de EE.UU. y sus funciones relacionadas con la inmigración.

Departamento de Estado (DOS)

El Departamento de Estado de EE.UU., que desempeña un papel fundamental en la gestión de las solicitudes de visado y los servicios a los ciudadanos estadounidenses, depende de la financiación procedente de las tasas de solicitud de visado y otros cargos relacionados. Este modelo de financiación ha permitido históricamente al departamento mantener servicios esenciales, incluida la tramitación de visados para ciudadanos e inmigrantes.

Sin embargo, en caso de un cierre prolongado del Gobierno, los servicios no urgentes podrían verse afectados, lo que posiblemente provocaría la suspensión de diversas funciones relacionadas con los visados. Esto se manifestaría como la no emisión de visados de negocios y de empleo y posibles cancelaciones o reprogramaciones de citas pendientes de solicitud de visado.

Departamento de Trabajo (DOL)

Por otra parte, el Departamento de Trabajo de EE.UU. (DOL) se enfrenta a retos más importantes durante los cierres gubernamentales. A diferencia de los organismos que generan ingresos, el DOL depende en gran medida de la financiación pública. En consecuencia, los anteriores cierres gubernamentales han afectado significativamente a las funciones del DOL relacionadas con la inmigración.

Esta interrupción ha sido particularmente evidente en las solicitudes de condición laboral (LCA), las solicitudes de certificación laboral PERM y las solicitudes de salario prevaleciente. Durante los cierres, estas funciones se suspendieron por lo general, acumulando atrasos y tiempos de procesamiento prolongados, incluso después de que las operaciones del gobierno se reanudaron.

Estos distintos modelos de financiación y las tendencias históricas ponen de relieve las diferentes vulnerabilidades de las agencias en relación con los servicios de inmigración durante los cierres del gobierno. Subraya la importancia de las consideraciones presupuestarias y la planificación de contingencias para garantizar la continuidad de las funciones esenciales de inmigración, en particular cuando los modelos de financiación basados en tasas pueden proporcionar cierta resistencia, pero no son inmunes a las interrupciones causadas por los cierres prolongados del gobierno.

La incapacidad para tramitar los LCA influiría directamente en la capacidad de los empleadores para tramitar las peticiones H-1B, H-1B1 y E-3. Además, si se produce un cierre del gobierno, es muy probable que E-Verify, el sistema que los empleadores utilizan para confirmar la elegibilidad de empleo, no esté operativo.

En consecuencia, los empleadores podrían iniciar, abordar o cumplir los plazos necesarios dentro del sistema una vez que se restablezca tras la reanudación de las operaciones del gobierno. Es esencial subrayar que los empleadores seguirán estando obligados a realizar las verificaciones I-9 sin exenciones ni excepciones, incluso sin la funcionalidad de E-Verify.

En resumen, un cierre del gobierno de EE.UU. puede prolongar la duración de la tramitación de diversos asuntos relacionados con la inmigración. Las principales repercusiones, en particular para los empleadores estadounidenses que contratan a trabajadores extranjeros, abarcan:

  • La incapacidad de los empleadores de conseguir LCA aprobadas para peticiones H-1B, H-1B1 y E-3.


  • La incapacidad del Departamento de Trabajo para tramitar las solicitudes de certificación laboral PERM y determinar los salarios vigentes.

  • El posible obstáculo para las personas que deseen solicitar visados de negocios y de empleo para entrar en Estados Unidos.


Como se mencionó anteriormente, un cierre no es el escenario más probable, pero teniendo en cuenta la situación actual con las personas migrantes, es probable que sea una opción que se ejecute. Seremos los primeros en informarles de cualquier novedad que se produzca en esta situación.

Este blog no pretende ser asesoramiento jurídico y nada de lo aquí expuesto debe interpretarse como el establecimiento de una relación abogado-cliente. Por favor, programe una consulta con un abogado de inmigración antes de actuar sobre cualquier información leída aquí.

Flavia Lloyd

How Professional Athletes Can Immigrate to the United States: Visa Options for Champions and Competitors

By Shirin Navabi • June 12, 2025
The United States has long been a destination for the world’s most talented athletes—not only to compete at the highest level, but to access world-class training, coaching opportunities, and long-term career prospects. Whether on the field, in the ring, or across the chessboard, athletes from across the globe are finding immigration pathways that allow them to pursue their athletic and professional goals in the U.S. U.S. immigration law offers several visa and green card options designed specifically for individuals with extraordinary athletic talent. These include the P-1A visa for internationally recognized athletes, the O-1A visa for individuals of extraordinary ability, and the EB-1A immigrant petition, which can lead to permanent residency and ultimately, U.S. citizenship. The P-1A visa is commonly used by professional athletes coming to the U.S. to compete in a specific event or season. This applies not only to individual athletes but also to members of teams or clubs recognized internationally. It is widely used by soccer players, basketball players, MMA fighters, Brazilian Jiu-Jitsu competitors, and even elite chess players. Athletes must demonstrate a high level of international recognition and a record of performance in their sport. The O-1A visa is a strong option for coaches who demonstrate extraordinary ability, typically evidenced by championship titles, sustained winning records, or recognition as integral to their team’s success. To qualify, a coach must establish that their expertise places them among the small percentage of top professionals in their field. For athletes seeking permanent status in the U.S., the EB-1A immigrant petition —often referred to as the “extraordinary ability green card”—provides a direct path to lawful permanent residency. It requires clear documentation that the individual is among the very best in their sport and has achieved sustained national or international success. Unlike other green card categories, the EB-1A does not require employer sponsorship and can be self-petitioned. This has become a common path for MMA world champions, BJJ black belt medalists, Olympic athletes, and chess grandmasters—many of whom now represent the U.S. at the highest levels of international competition. It’s important to note that U.S. immigration law defines “athlete” broadly. Whether you are a professional football player in Europe, a sprinter from the Caribbean, a judoka, a gymnast, or a grandmaster in chess, your achievements may qualify under these categories if they are properly documented and presented. The key is a consistent record of excellence and recognition in your sport on a national or international scale. Our office specializes in these types of immigration matters. Whether you are an individual athlete looking to relocate or an organization seeking to bring international talent to your roster, we offer tailored legal strategies to support your goals. If you are exploring options to compete, train, or build your future in the U.S., we’re here to help you take the next step.

Understanding the Laken Riley Act: A Turning Point in U.S. Immigration Enforcement

By Denice Flores • June 5, 2025
In January 2025, the U.S. Congress passed the Laken Riley Act , marking a significant shift in immigration enforcement policy. The Act requires the Department of Homeland Security to detain certain non-U.S. nationals who have been arrested for theft-related offenses such as burglary, theft, larceny, or shoplifting. Under this Act, the Department of Homeland Security must detain an individual who: (1) is unlawfully present in the United States or did not possess the necessary documents when applying for admission; and (2) has been charged with, arrested for, convicted of, or admits to having committed acts that constitute the essential elements of burglary, theft, larceny, or shoplifting. The Act also authorizes states to sue the federal government for decisions or alleged failures related to immigration enforcement. It authorizes state governments to sue for injunctive relief over certain immigration-related decisions or alleged failures by the federal government if the decision or failure caused the state or its residents harm, including financial harm of more than $100. Specifically, the state government may sue the federal government over a: Decision to release a non-U.S. national from custody; Failure to fulfill requirements relating to inspecting individuals seeking admission into the United States, including requirements related to asylum interviews; Failure to fulfill a requirement to stop issuing visas to nationals of a country that unreasonably denies or delays acceptance of nationals of that country; Violation of limitations on immigration parole, such as the requirement that parole be granted only on a case-by-case basis; or Failure to detain an individual who has been ordered removed from the United States. The Act's stringent detention requirements may lead to increased fear and uncertainty within immigrant communities. Individuals who are merely accused of certain crimes could face mandatory detention. The Act may also affect legal immigration processes. Increased detention and deportation efforts could strain resources, potentially leading to delays in processing visas and asylum applications. Given the evolving legal landscape: Stay Informed and/or Seek Legal Counsel - Consult with your immigration attorney to understand how new laws and policies may affect your situation and if you or someone you know is facing immigration-related legal issues. Know Your Rights - Familiarize yourself with your legal rights, especially concerning interactions with law enforcement and immigration authorities. Community Engagement - Participate in community organizations that provide support and resources for immigrants, fostering a network of assistance and advocacy. If you have any questions or would like to consult with an experienced immigration attorney, contact our office to schedule a consultation.

ICE Issues OPT Warnings to F-1 Students for Unreported Employment

By Kris Quadros-Ragar • May 29, 2025
In a renewed wave of enforcement, U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) has started sending formal alerts to certain F-1 students participating in Optional Practical Training (OPT), flagging that their records reflect over 90 days without any reported employment. These students have been advised to update their employment status in the Student and Exchange Visitor Information System (SEVIS) within 15 days. Failure to take timely corrective action may lead to the termination of the student's SEVIS record, effectively marking them as out of status, and may ultimately trigger removal proceedings. The notices are intended as a warning that students who do not comply with OPT reporting obligations are at risk of serious immigration consequences. Understanding OPT and Its Unemployment Limits Optional Practical Training (commonly referred to as “OPT”) is a work authorization benefit that allows eligible F-1 international students to gain hands-on experience in their field of study. Students may apply for pre-completion OPT (while still in school) or post-completion OPT (after graduation), typically for up to 12 months. Those with degrees in qualifying STEM fields may apply for an additional 24-month STEM OPT extension, giving them a total of 36 months of work authorization in the U.S. To maintain valid F-1 status while on OPT, students must remain actively employed in a position related to their field of study. The amount of time a student may remain in the United States while on OPT without being properly employed is capped at: 90 days during the standard 12-month post-completion OPT, and 150 days for those on the STEM OPT extension, which includes any days of unemployment accrued during the initial OPT period. These unemployment limits are cumulative and enforced strictly through SEVIS monitoring. What Should F-1 Students Do? If you are an F-1 student on OPT or STEM OPT and receive a warning or are unsure about your compliance status, act quickly: Contact your Designated School Official (DSO) immediately to review and, if necessary, update your SEVIS record. Ensure all employment is properly documented and reported through your school’s international office. Do not ignore warning notices, as failure to respond may lead to SEVIS termination and potentially the initiation of removal proceedings. It is also advisable to consult with a qualified immigration attorney to explore available options and understand how enforcement actions may affect your status or future immigration plans. If you received a notice or have questions about your F-1 status, our attorneys are here to help you take the right steps to protect your future in the United States. Contact us today to schedule a consultation.
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