¿Qué puedo hacer si mi caso de inmigración tarda una eternidad en procesarse?

Angelica Rice • July 14, 2023

Click here to read this article in English

    La COVID-19 ha impactado muchas áreas de nuestras vidas y, lamentablemente, esto también incluye el trabajo realizado por USCIS. Anteriormente, los tiempos de procesamiento eran algo razonables, pero últimamente algunos casos tardan un año o más en procesarse cuando el tiempo de procesamiento original era mucho más corto. Peor aún, algunos casos parecen haber desaparecido por completo del radar de la agencia y USCIS no está tomando ninguna medida al respecto. ¿Qué puede hacer para tratar de avanzar en su caso?


Llame al centro de contacto de USCIS y realice una consulta sobre el estado de su caso.

El número de contacto de USCIS es 1 (800) 375 5283.


    Si su caso está fuera de los tiempos de procesamiento normalmente publicados (lo que significa que ha estado pendiente durante más tiempo que el tiempo de procesamiento publicado para su tipo de solicitud), puede llamar al número de teléfono indicado, hablar con un oficial y hacer una consulta sobre lo que está sucediendo y la razón de por qué se está demorando el procesamiento de su caso.


  • Presentar una Solicitud de Defensor del Pueblo


    Si la consulta a USCIS no funciona, puede realizar una Solicitud de Ombudsman. La Oficina del Defensor del Pueblo de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (CIS Ombudsman) ayuda a las personas y a los empleadores a resolver las dificultades que están experimentando con los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS). Las solicitudes del Defensor del Pueblo generalmente reciben una respuesta dentro de unas pocas semanas o meses después de haber sido enviadas.


https://www.dhs.gov/topic/cis-ombudsman/forms/7001#no-back


  • Póngase en contacto con un representante del Congreso

    Si enviar una Solicitud de Ombudsman no funciona, puede comunicarse con su representante local en el Congreso de su distrito y solicitar asistencia con su caso de inmigración.


    El primer paso para acceder a la asistencia del Congreso es encontrar el nombre y la información de contacto del representante del Congreso en este sitio web: www.house.gov. En la sección superior derecha de la pantalla, debe haber un mensaje que diga "Ingrese su código postal". Una vez que ingrese su código postal, debe aparecer el nombre y la información de contacto de su representante.


    La información de contacto de la asistencia del Congreso suele ser una dirección de correo electrónico y un número de teléfono, aunque generalmente se prefiere el correo electrónico. Una vez que se haya contactado con el representante del Congreso y le explique la situación, el congresista le informará sobre cualquier formulario o documento que deba presentar. Si se presentare una solicitud de agilización a través de la oficina del Congreso, la oficina del Congreso requerirá los documentos que demuestren las razones para el procesamiento acelerado.


    Uno de los formularios generales que se requiere para todas las consultas con el representante del Congreso es la renuncia a la privacidad. Una oficina del Congreso no puede comunicarse con USCIS con respecto a una solicitud de inmigrante sin el permiso del solicitante. Esta renuncia les otorga el permiso para acceder a la aplicación y la información que tiene USCIS. En consecuencia, se debe completar una exención de privacidad que requiere: información sobre el caso, el número de caso de USCIS, información de identificación general, un resumen de la situación, los esfuerzos realizados para resolver el problema y cualquier otro documento clave. Esta exención permitiría al congresista proporcionar actualizaciones sobre la solicitud en cuestión.


    A partir de ese momento, el congresista debería poder guiar al solicitante en la dirección correcta para cualquier actualización o documentos adicionales que se requieran. USCIS generalmente resuelve los casos dentro de los 30 días posteriores a la solicitud enviada por la oficina del Congreso, ya sea por correo electrónico o correspondencia escrita.

  • Un último recurso: Presentar un Auto de Acción de Mandamus


    En inmigración, un mandamus es generalmente una demanda civil contra los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) en un Tribunal Federal.

Esta demanda le pide a la corte que obligue a la agencia de inmigración a tomar una decisión sobre la solicitud o petición del demandante inmigrante.
Además de USCIS, la orden judicial también le permite presentar una demanda contra otras agencias estadounidenses, como:


- La Oficina Federal de Investigaciones (FBI);

- El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), y

- Consulados o embajadas de los Estados Unidos.


    La medida cautelar se puede utilizar en los casos en que ha habido una demora irrazonable o una suspensión ilegal de la acción.

    Este tipo de acción debe requerir como último recurso, después de que se hayan explorado a fondo otros medios.


    Para decidir si una de estas opciones es adecuada para usted, comuníquese con nuestra oficina y consulte a uno de nuestros profesionales de inmigración altamente experimentados.


Este blog no busca constituir una asesoría legal y nada de lo que aquí lea debe interpretarse como el establecimiento de una relación abogado-cliente. Programe una consulta con un abogado de inmigración antes de actuar basado en cualquier información contenida en el presente.

Angelica Rice

By Juliana LaMendola April 25, 2025
In recent months, the U.S. government has intensified its vetting procedures for individuals seeking entry into the United States, whether through visa applications abroad or inspection at ports of entry. This shift, prioritized by the current administration, is having a noticeable impact on immigrants, visa holders, and even lawful permanent residents (LPRs). At U.S. consulates worldwide, applicants are experiencing increased delays , often being placed into administrative processing under Section 221(g) or referred for Security Advisory Opinions (SAOs) , which can significantly prolong visa issuance. Officers are now engaging in deeper reviews of applicants' backgrounds, including their t ravel histories, social media accounts, and foreign ties . This scrutiny applies to a wide range of visa categories, from visitor visas to employment-based petitions. Importantly, officers are exercising broader discretion when deciding who qualifies for a visa, making the process more unpredictable, even for applicants with strong cases. This enhanced vetting does not end at the consulate. Individuals entering the U.S. — even those with valid visas or green cards — are increasingly subject to prolonged secondary inspections by Customs and Border Protection (CBP). Officers may ask detailed questions about prior immigration history, travel patterns, and social media activity. In some cases, travelers are asked to provide access to their electronic devices for further inspection. There are also growing reports of travelers being referred to deferred inspection or even issued a Notice to Appear (NTA) for removal proceedings, despite previously lawful entries. While some of these practices have existed in the past, the current administration has formalized and expanded them. Experts warn that additional travel restrictions or targeted bans could also emerge as part of the administration’s enforcement priorities. For employment-based applicants, these delays and complications can severely impact U.S. businesses and foreign nationals who contribute critical skills to the U.S. economy. It is more important than ever to be well-prepared before attending a visa interview or traveling internationally. Understanding your rights and preparing thoroughly can help you navigate this uncertain landscape. At Santos Lloyd Law Firm, P.C. , our immigration attorneys are ready to guide you through this evolving process and ensure you are informed, supported, and protected. Please contact us if you have questions or need assistance.
By Angelica Rice April 17, 2025
On March 31, 2024, U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) implemented a policy update that limits gender marker selections on all immigration forms and systems to two biological sexes: male and female. This change eliminates the option for applicants to select a non-binary or “X” gender marker—an option that had previously been permitted on some forms. While USCIS emphasizes that this update does not change who qualifies for immigration benefits, it may significantly impact how certain applications—particularly asylum claims based on gender identity-related persecution—are understood and evaluated. What Has Changed? Under the revised policy, applicants may now only choose “Male” or “Female” when completing USCIS forms. The ability to select a non-binary or third-gender option is no longer available. Applicants may still request to change their gender marker with USCIS, but only within the male/female binary. Supporting documentation, such as medical or legal records, is not required to make the change. This means that transgender individuals can still align their gender marker with their identity—if it falls within the two binary categories—but non-binary individuals are no longer represented. The change follows guidance issued by the federal Office of Management and Budget (OMB), which called for greater consistency in the collection of sex and gender data across federal agencies. Impact on Asylum Applicants This policy update is especially important for individuals applying for asylum based on persecution related to their gender identity. Under U.S. immigration law, asylum is available to people who have suffered persecution—or fear future persecution—based on their membership in a “particular social group.” This includes people targeted for being transgender, gender non-conforming, or otherwise not aligning with socially expected gender roles in their home country. Although the legal standard for asylum remains unchanged, the removal of the non-binary gender marker could make it harder for some applicants to clearly present and document their identity. In asylum cases, credibility and clarity are crucial. The ability to accurately reflect one’s gender identity on official forms can play an important role in establishing the foundation of a persecution claim. Now, applicants who identify as non-binary or outside the traditional male/female categories may be forced to select a gender that does not align with their lived experience. This could lead to confusion in their case file or require additional explanation during interviews or hearings. This policy could weaken the strength of some asylum claims—not because the underlying facts have changed, but because the official forms now fail to reflect the applicant’s true identity. For example: A non-binary person applying for asylum after being targeted in their home country may now have to select “Male” or “Female” on their asylum application, despite not identifying as either. This mismatch may lead adjudicators to question the applicant’s identity, possibly weakening the strength of the claim or requiring added clarification and documentation. In defensive asylum cases—where applicants are in removal proceedings—such inconsistencies could create unnecessary hurdles and complicate the evidentiary presentation. What Can Applicants Do? Despite the change, individuals can still pursue asylum based on gender identity. The underlying eligibility criteria remain the same. However, applicants should be prepared to clearly explain any differences between their stated identity and the gender marker required on USCIS forms. Applicants are encouraged to: Include a personal declaration explaining their gender identity in detail and how it relates to their fear of persecution. Provide evidence such as affidavits, country condition reports, or expert testimony that supports the claim. Work with an experienced immigration attorney who can help present the claim effectively and prepare for any questions that might arise from the new form limitations. The new USCIS policy on gender markers may seem like a technical update, but for asylum seekers fleeing gender-based persecution, it has real implications. While individuals are still legally eligible to seek protection, the limitation to binary gender options could make it more difficult to fully and clearly present their case.  If you or someone you know is facing immigration challenges related to gender identity—or is concerned about how this policy may impact an asylum claim—please contact Santos Lloyd Law Firm to schedule a consultation with one of our experienced immigration attorneys. We’re here to help ensure your voice is heard and your case is handled with the care and expertise it deserves.
By Santos Lloyd Law Team April 10, 2025
In 2025, the immigration landscape continues to shift under the weight of national security concerns, ushered in by Executive Order “ Protecting the United States From Foreign Terrorists and Other National Security and Public Safety Threats. ” This directive tasks federal agencies—including the U.S. Department of State—with implementing enhanced screening and vetting protocols for all foreign nationals seeking visas or other immigration benefits. The result? A dramatically intensified vetting process, along with mounting concerns from immigrants, attorneys, and civil liberties advocates alike. Traditionally, airport security focused on verifying travel documents and screening for prohibited items, while consular officers assessed the legitimacy of visa petitions and the admissibility of applicants. Extreme vetting, however, represents a significant shift toward a far more invasive and comprehensive investigative process. It now includes detailed background checks, biometric verification, digital forensics, and expansive scrutiny of an applicant’s online presence and criminal or financial records. Since President Trump’s second term began in January 2025, the implementation of extreme vetting has expanded rapidly. Today, border screenings go far beyond routine document checks, encompassing a full-scale evaluation of a traveler’s digital life. This pivot reflects the administration’s intensified focus on national security, but it has also triggered urgent discussions about privacy, due process, and the fairness of modern immigration enforcement. At U.S. ports of entry—especially airports—noncitizens are now subject to rigorous and invasive procedures, including: Inspection of cell phones, laptops, and other devices (including deleted content) Review of social media activity on platforms like TikTok, Instagram, and X (formerly Twitter) Biometric scanning, including fingerprinting and facial recognition These measures are no longer confined to travelers from high-risk countries. In practice, extreme vetting applies broadly across all nationalities, and increasingly affects lawful permanent residents as well. For noncitizens, this new landscape introduces a heightened level of uncertainty and vulnerability. Delays at U.S. consulates for visa issuance or renewal are becoming routine. Travelers must now be acutely aware of these changes, and those attending consular interviews or seeking visa renewals should be prepared to provide additional documentation verifying their maintenance of status, compliance with visa conditions, and the bona fide nature of their visa applications. It is critical to organize supporting materials in advance and be ready to answer questions about employment, education, travel history, and online activity. As the U.S. government continues to expand its use of data-driven risk assessment tools, travelers must adapt to a new normal, one where preparation is essential to navigating the immigration system without disruption.
Show More