Entendiendo la Regla de Carga Pública: ¿Qué beneficios públicos pueden afectar o no a su caso de inmigración?

Angelica Rice • July 3, 2025

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Cuando se solicita la tarjeta verde o la admisión en Estados Unidos, uno de los obstáculos legales a los que se enfrentan muchos solicitantes es la causa de inadmisibilidad por carga pública. Esta prueba evalúa si es probable que alguien pase a depender principalmente del gobierno para su sustento.


Pero ¿qué significa eso exactamente y qué tipos de prestaciones públicas pueden desencadenar este problema?


En este artículo, explicaremos qué significa realmente «carga pública», a quién afecta, qué tipos de prestaciones públicas se tienen en cuenta y qué deben tener en cuenta los inmigrantes a la hora de tomar decisiones sobre programas públicos como Medi-Cal y Medicaid.


¿Qué es el motivo de inadmisibilidad de cargo público?


La regla de la carga pública se aplica a las personas que solicitan un visado, una tarjeta verde (ajuste de estatus) o la entrada en Estados Unidos, a menos que pertenezcan a una categoría exenta. En virtud de esta norma, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) debe determinar si es probable que el solicitante pase a depender principalmente del gobierno para su subsistencia. Esto se refiere normalmente a recibir:


  • Ayuda pública en metálico para el mantenimiento de los ingresos (como SSI o TANF), o
  • Cuidados institucionales de larga duración a cargo del gobierno.


Esta determinación se basa en la «totalidad de las circunstancias», incluida la edad, la salud, los recursos económicos, la educación, las aptitudes y si el patrocinador ha presentado una declaración jurada de apoyo válida.


¿Quién está exento de la regla de carga pública?


Muchas categorías de inmigrantes están exentas de la causa de inadmisibilidad de carga pública. Entre ellas se incluyen:


  • Asilados y refugiados
  • Menores inmigrantes especiales
  • Solicitantes de la Ley de Violencia contra las Mujeres (VAWA)
  •  Solicitantes de visados T y U
  • Solicitantes del Estatus de Protección Temporal (TPS)


Y lo que es más importante, incluso si alguien se regulariza más tarde por una vía diferente que esté sujeta a carga pública, las prestaciones que haya recibido mientras estaban en una categoría exenta no se le imputarán.


¿Qué prestaciones públicas no se tienen en cuenta en la prueba de la carga pública?


Es un mito común y perjudicial que el uso de cualquier beneficio público pondrá en peligro su estatus migratorio. De hecho, la mayoría de los beneficios no monetarios no cuentan en su contra en una determinación de carga pública. De acuerdo con las directrices del USCIS y del DHS, los siguientes tipos de ayuda (vigentes a partir del 1 de julio de 2025) no se tienen en cuenta:


Prestaciones relacionadas con la salud


  • Medi-Cal/Medicaid, excepto para cuidados institucionales de larga duración
  • Programa de Seguro Médico Infantil (CHIP)
  • Seguro médico a través del ACA Marketplace, incluidos los subsidios
  • Pruebas, vacunas y tratamiento de COVID-19
  • Servicios sanitarios comunitarios, asesoramiento en caso de crisis y refugios de corta duración


Alimentación y nutrición


  • SNAP (cupones para alimentos)
  • WIC
  • Programas de comidas escolares
  • Bancos de alimentos y ayuda alimentaria de emergencia


Vivienda y energía


  • Alojamiento de emergencia
  • Ayuda al alquiler (por ejemplo, programas McKinney-Vento)
  • Asistencia energética (por ejemplo, LIHEAP)


Educación y atención a la infancia


  • Enseñanza pública
  • Head Start
  • Subvenciones para guarderías (por ejemplo, CCDF)
  • Subvenciones y becas educativas


Prestaciones económicas y fiscales federales


  • Crédito fiscal por ingresos del trabajo (EITC)
  •  Crédito fiscal por hijos (CTC)
  • Cheques de estímulo
  • Seguro de desempleo
  • Prestaciones de la Seguridad Social y para veteranos
  • Ayudas en metálico por catástrofes y pandemias


En resumen, el hecho de que una prestación sea pública o financiada por el gobierno no hace que cuente automáticamente en su contra.


Unas palabras de precaución sobre Medi-Cal y Medicaid, en particular


A partir de hoy (01/07/2025), el uso estándar de Medi-Cal (la versión de California de Medicaid) o Medicaid para la mayoría de los servicios relacionados con la salud no se considera en una determinación de carga pública. Esto incluye la atención preventiva, los servicios de urgencia, los servicios relacionados con el embarazo y la atención a corto plazo.


Sin embargo, si Medicaid se utiliza para la institucionalización a largo plazo, como en una residencia de ancianos o en un centro psiquiátrico, sí se tiene en cuenta en la prueba de carga pública.


A pesar de la orientación actual, estamos viendo cambios políticos y de tono por parte de la administración actual que sugieren que las políticas de carga pública pueden llegar a ser más restrictivas en el futuro. Esto incluye un renovado interés por ampliar los tipos de prestaciones públicas que pueden tenerse en cuenta, en particular en torno a la asistencia médica.


Por este motivo, en general recomendamos que las personas que soliciten el ajuste de estatus, o que puedan estar sujetas al motivo de carga pública en el futuro, eviten inscribirse en Medi-Cal o Medicaid en este momento, a menos que sea absolutamente necesario.


Reflexiones finales


La ley de inmigración es compleja, y las normas que rodean a la carga pública pueden resultar confusas o incluso aterradoras. Pero es importante entender que el uso de la mayoría de los beneficios públicos, especialmente para la alimentación, la educación y la asistencia sanitaria, no pondrá automáticamente en peligro su tarjeta verde o solicitud de visado.


Sin embargo, dado que las políticas pueden cambiar rápidamente, instamos a las personas a consultar con un abogado de inmigración antes de solicitar cualquier ayuda pública, especialmente los programas de salud como Medi-Cal o Medicaid.


Si usted tiene preguntas o preocupaciones acerca de cómo los beneficios públicos podrían afectar su caso de inmigración, nuestra oficina está aquí para ayudar. Estamos comprometidos a proporcionar orientación actualizada y personalizada para mantener su viaje de inmigración en el camino correcto.


Descargo de responsabilidad

La información proporcionada en este documento es sólo para fines informativos generales y no constituye asesoramiento jurídico. Cada caso de inmigración es único, y la aplicación de la regla de carga pública puede variar dependiendo de su situación específica. Si cree que este tema puede aplicarse a su caso o necesita orientación jurídica individualizada, le animamos a que se ponga en contacto con uno de nuestros profesionales jurídicos altamente cualificados para una consulta y asistencia adaptadas a sus circunstancias.


Fuentes:

Este blog no pretende ser una asesoría legal y nada aquí debe interpretarse como el establecimiento de una relación abogado-cliente. Programe una consulta con un abogado de inmigración antes de actuar sobre cualquier información que aquí lea.

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Angelica Rice

Flavia Santos Lloyd Named to the Fellows of the American Bar Foundation

By Santos Lloyd Team • October 8, 2026
Santos Lloyd Law Firm takes great pride in announcing that Partner Flavia Santos Lloyd has been invited to join the Fellows of the American Bar Foundation. As a highly selective global network, the organization recognizes legal professionals across both the public and private sectors who embody the absolute highest standards of the practice. Admission to this distinguished group highlights Flavia’s outstanding legal career, professional integrity, and deep impact on the legal community. Our team celebrates Flavia on this well-deserved recognition!

UPDATE: Federal Court Postpones DHS Rule Eliminating “Duration of Status” (D/S)

By Juliana LaMendola • September 22, 2026
On September 14, 2026, the U.S. District Court for the District of Massachusetts issued a nationwide preliminary injunction in Presidents' Alliance on Higher Education and Immigration v. U.S. Department of Homeland Security , halting the implementation of the Department of Homeland Security (DHS) final rule that was scheduled to eliminate “duration of status” (D/S) on September 15, 2026. As a result of this nationwide order, DHS is blocked from enforcing fixed periods of admission for F-1 students, J-1 exchange visitors, and I media representatives while the litigation moves forward. Because the current “duration of status” framework remains in full effect, F, J, and I visa holders are not required to file Form I-539 extension of stay applications to remain in valid status beyond program end dates at this time. Furthermore, restrictions on academic transfers, constraints on enrolling in second programs at the same degree level, 240-day caps on continued employment while extensions are pending, and shortened grace periods do not apply during the injunction. F-1 nonimmigrants retain the full 60-day post-completion grace period, and J-1 holders maintain their 30-day grace period. However, please note that this preliminary injunction is not a final ruling invalidating the rule , and a status conference is scheduled for October 2, 2026, to determine next steps in the litigation. Immediate Practice Tips: Inspect I-94 Travel Records Upon Reentry: F, J, and I visa holders currently admitted under D/S retain their status and should continue to be readmitted under D/S following international travel until the injunction is lifted. However, because the I-94 record controls legal stay, travelers must inspect their CBP-issued Form I-94 immediately upon reentry to confirm the "Admit Until Date" states "D/S" rather than a specific expiration date. If a specific date is mistakenly recorded, contact a local CPB Deferred Inspection Site. Notify HR and Review Workplace Compliance: Employers sponsoring F-1 or J-1 employees should inform HR and hiring managers that the September 15 fixed-period rule is postponed and standard D/S rules govern. This development does not alter standard filing windows or Form I-9 verification procedures for post-completion OPT or STEM OPT extensions.  Maintain Operational Readiness and Defer Unnecessary Filings: Visa holders and employers should defer travel or filing strategy decisions made solely in anticipation of the fixed-admission rule. Because DHS may appeal or the court could alter the timeline on short notice, institutions and visa holders should maintain readiness to adjust plans if implementation resumes. There are many evolving components to this litigation. If you are an F-1, J-1, or I visa holder, sponsoring institution, or employer, you should proactively coordinate with your international student office and legal counsel to protect your status and monitor upcoming court proceedings.

DHS Final Rule Eliminating “Duration of Status” (D/S): Practice Tips and Transition Procedures

By Juliana LaMendola • September 3, 2026
The Department of Homeland Security (DHS) published its final rule eliminating the longstanding "duration of status" (D/S) policy for F, J, and I visa holders, replacing it with a fixed period of admission effective September 15, 2026. This rule requires that those who need additional time to complete their programs must file Form I-539 with USCIS or travel abroad and seek to reenter to extend their authorized period of stay. F and J visa holders present in the U.S. and in valid status on September 15, 2026, will be allowed to remain in the United States until the Program End Date listed on their current Form I-20 (for F-1s) or Form DS-2019 (for J-1s), up to a maximum of four years (until September 15, 2030) plus a 60-day grace period for F-1s and a 30-day grace period for J-1s, without filing an Extension of Status request with USCIS. However, this safety net only applies while staying in the U.S.; international travel and subsequent reentry after September 15, 2026 will result in readmission under the new rule with an I-94 that expires on the Program End Date or Employment Authorization Document (EAD) expiration, but no later than four-years after their date of re-entry. Additionally, once re-admitted under the new rules, F-1s will only receive a 30-day grace period. Immediate Practice Tips: Any F-1 or J-1 nonimmigrant currently in the U.S. who plans to change programs, start a new degree level, or needs more time to complete their studies must work with their school or program sponsor to update their SEVIS record and receive an extended Form I-20 or DS-2019 before September 15, 2026. Eligible F-1 students should submit their post-completion OPT or STEM OPT work authorization applications (Form I-765) before September 15, 2026, to secure their status and drastically reduce the likelihood of needing a Form I-539 extension application. Any F-1 student who is eligible to apply for OPT or STEM OPT before March 18, 2027, should do so as soon as they are eligible to file their Form I-765. Since F-1s can file OPT applications up to 90 days in advance of graduation, F-1 students graduating before June 15,2027, should be able to file their OPT applications before March 18, 2027, and should do so to avoid also having to file Form I-539 to extend their stay. Thus, most F-1 students graduating in December 2026 and May/June 2027 should be able to take advantage of the transition rule’s delay in having to file Form I-539 applications and should only need to file Form I-765 to apply for OPT. Incoming F-1 and J-1 students who can enter the United States before the September 15, 2026 effective date (within the permissible 30-day window prior to their program start) should do so to benefit from the transition rules, including the full 60-day F-1 grace period and deferred extension requirements. Students (F-1 and J-1) who are planning international travel should return before the effective date if possible to preserve their transition benefits.  There are many parts of the rule that are not discussed here. If you are currently an F-1 or J-1 visa holder, you should proactively coordinate with your institutions and international office to protect your status and stay informed.
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