Entendiendo la Regla de Carga Pública: ¿Qué beneficios públicos pueden afectar o no a su caso de inmigración?

Angelica Rice • July 3, 2025

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Cuando se solicita la tarjeta verde o la admisión en Estados Unidos, uno de los obstáculos legales a los que se enfrentan muchos solicitantes es la causa de inadmisibilidad por carga pública. Esta prueba evalúa si es probable que alguien pase a depender principalmente del gobierno para su sustento.


Pero ¿qué significa eso exactamente y qué tipos de prestaciones públicas pueden desencadenar este problema?


En este artículo, explicaremos qué significa realmente «carga pública», a quién afecta, qué tipos de prestaciones públicas se tienen en cuenta y qué deben tener en cuenta los inmigrantes a la hora de tomar decisiones sobre programas públicos como Medi-Cal y Medicaid.


¿Qué es el motivo de inadmisibilidad de cargo público?


La regla de la carga pública se aplica a las personas que solicitan un visado, una tarjeta verde (ajuste de estatus) o la entrada en Estados Unidos, a menos que pertenezcan a una categoría exenta. En virtud de esta norma, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) debe determinar si es probable que el solicitante pase a depender principalmente del gobierno para su subsistencia. Esto se refiere normalmente a recibir:


  • Ayuda pública en metálico para el mantenimiento de los ingresos (como SSI o TANF), o
  • Cuidados institucionales de larga duración a cargo del gobierno.


Esta determinación se basa en la «totalidad de las circunstancias», incluida la edad, la salud, los recursos económicos, la educación, las aptitudes y si el patrocinador ha presentado una declaración jurada de apoyo válida.


¿Quién está exento de la regla de carga pública?


Muchas categorías de inmigrantes están exentas de la causa de inadmisibilidad de carga pública. Entre ellas se incluyen:


  • Asilados y refugiados
  • Menores inmigrantes especiales
  • Solicitantes de la Ley de Violencia contra las Mujeres (VAWA)
  •  Solicitantes de visados T y U
  • Solicitantes del Estatus de Protección Temporal (TPS)


Y lo que es más importante, incluso si alguien se regulariza más tarde por una vía diferente que esté sujeta a carga pública, las prestaciones que haya recibido mientras estaban en una categoría exenta no se le imputarán.


¿Qué prestaciones públicas no se tienen en cuenta en la prueba de la carga pública?


Es un mito común y perjudicial que el uso de cualquier beneficio público pondrá en peligro su estatus migratorio. De hecho, la mayoría de los beneficios no monetarios no cuentan en su contra en una determinación de carga pública. De acuerdo con las directrices del USCIS y del DHS, los siguientes tipos de ayuda (vigentes a partir del 1 de julio de 2025) no se tienen en cuenta:


Prestaciones relacionadas con la salud


  • Medi-Cal/Medicaid, excepto para cuidados institucionales de larga duración
  • Programa de Seguro Médico Infantil (CHIP)
  • Seguro médico a través del ACA Marketplace, incluidos los subsidios
  • Pruebas, vacunas y tratamiento de COVID-19
  • Servicios sanitarios comunitarios, asesoramiento en caso de crisis y refugios de corta duración


Alimentación y nutrición


  • SNAP (cupones para alimentos)
  • WIC
  • Programas de comidas escolares
  • Bancos de alimentos y ayuda alimentaria de emergencia


Vivienda y energía


  • Alojamiento de emergencia
  • Ayuda al alquiler (por ejemplo, programas McKinney-Vento)
  • Asistencia energética (por ejemplo, LIHEAP)


Educación y atención a la infancia


  • Enseñanza pública
  • Head Start
  • Subvenciones para guarderías (por ejemplo, CCDF)
  • Subvenciones y becas educativas


Prestaciones económicas y fiscales federales


  • Crédito fiscal por ingresos del trabajo (EITC)
  •  Crédito fiscal por hijos (CTC)
  • Cheques de estímulo
  • Seguro de desempleo
  • Prestaciones de la Seguridad Social y para veteranos
  • Ayudas en metálico por catástrofes y pandemias


En resumen, el hecho de que una prestación sea pública o financiada por el gobierno no hace que cuente automáticamente en su contra.


Unas palabras de precaución sobre Medi-Cal y Medicaid, en particular


A partir de hoy (01/07/2025), el uso estándar de Medi-Cal (la versión de California de Medicaid) o Medicaid para la mayoría de los servicios relacionados con la salud no se considera en una determinación de carga pública. Esto incluye la atención preventiva, los servicios de urgencia, los servicios relacionados con el embarazo y la atención a corto plazo.


Sin embargo, si Medicaid se utiliza para la institucionalización a largo plazo, como en una residencia de ancianos o en un centro psiquiátrico, sí se tiene en cuenta en la prueba de carga pública.


A pesar de la orientación actual, estamos viendo cambios políticos y de tono por parte de la administración actual que sugieren que las políticas de carga pública pueden llegar a ser más restrictivas en el futuro. Esto incluye un renovado interés por ampliar los tipos de prestaciones públicas que pueden tenerse en cuenta, en particular en torno a la asistencia médica.


Por este motivo, en general recomendamos que las personas que soliciten el ajuste de estatus, o que puedan estar sujetas al motivo de carga pública en el futuro, eviten inscribirse en Medi-Cal o Medicaid en este momento, a menos que sea absolutamente necesario.


Reflexiones finales


La ley de inmigración es compleja, y las normas que rodean a la carga pública pueden resultar confusas o incluso aterradoras. Pero es importante entender que el uso de la mayoría de los beneficios públicos, especialmente para la alimentación, la educación y la asistencia sanitaria, no pondrá automáticamente en peligro su tarjeta verde o solicitud de visado.


Sin embargo, dado que las políticas pueden cambiar rápidamente, instamos a las personas a consultar con un abogado de inmigración antes de solicitar cualquier ayuda pública, especialmente los programas de salud como Medi-Cal o Medicaid.


Si usted tiene preguntas o preocupaciones acerca de cómo los beneficios públicos podrían afectar su caso de inmigración, nuestra oficina está aquí para ayudar. Estamos comprometidos a proporcionar orientación actualizada y personalizada para mantener su viaje de inmigración en el camino correcto.


Descargo de responsabilidad

La información proporcionada en este documento es sólo para fines informativos generales y no constituye asesoramiento jurídico. Cada caso de inmigración es único, y la aplicación de la regla de carga pública puede variar dependiendo de su situación específica. Si cree que este tema puede aplicarse a su caso o necesita orientación jurídica individualizada, le animamos a que se ponga en contacto con uno de nuestros profesionales jurídicos altamente cualificados para una consulta y asistencia adaptadas a sus circunstancias.


Fuentes:

Este blog no pretende ser una asesoría legal y nada aquí debe interpretarse como el establecimiento de una relación abogado-cliente. Programe una consulta con un abogado de inmigración antes de actuar sobre cualquier información que aquí lea.

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Angelica Rice

Navigating the Surge in Temporary Protected Status (TPS) Terminations and Litigation: What You Need to Know

By Juliana LaMendola • February 19, 2026
In recent weeks, the U.S. government has moved to terminate Temporary Protected Status (TPS) for multiple countries, sparking a wave of last-minute litigation and creating significant uncertainty for beneficiaries. This shift is having a profound impact on those who rely on TPS for lawful presence and work authorization in the United States. Across the country, federal courts have intervened to pause or block scheduled TPS terminations for several countries, including Burma (Myanmar), Ethiopia, Haiti, South Sudan, and Syria. In response to these court orders, USCIS has updated its webpages to indicate that TPS status and related Employment Authorization Documents (EADs) are extended for these populations. However, USCIS is intentionally not providing specific new end dates for EAD validity while the litigation remains in flux. The Department of Homeland Security (DHS) has prominently noted that it "vehemently disagrees" with these court orders and is actively working with the Department of Justice on next steps. This legal landscape remains highly unpredictable and varies drastically depending on the country of origin. For example, on February 9, 2026, the 9th Circuit Court of Appeals granted a stay allowing the government to proceed with the termination of TPS for Nicaragua, Honduras, and Nepal while the underlying legal challenges continue. Because of this ruling, the automatic extension of work authorization for these individuals has ended, and employers are now required to reverify the work authorization of affected employees, who must present alternative valid documentation to continue their employment. These rapid changes and the lack of clear end dates are causing complications beyond the workplace. Because driver's licenses often track the length of an individual's authorized stay, many DMVs are currently declining to issue or renew driver's licenses for impacted TPS populations. For employers, managing internal communications, avoiding onboarding errors, and navigating Form I-9 compliance has become increasingly complex. It is more important than ever to be well-prepared and proactive in monitoring these rapid changes. At Santos Lloyd Law Firm, P.C., our immigration attorneys are ready to guide you through this evolving process and ensure you are informed, and supported. Please contact us if you have questions or need assistance.

USCIS Changes H-1B Lottery to Wage-Based Selection

By Kris Quadros-Ragar • January 15, 2026
U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) has announced a major change to the H-1B cap selection process. Under a final rule issued on December 29, 2025, USCIS will replace the long-standing random H-1B lottery with a wage-weighted selection system that favors higher-paid and more complex positions. The rule is scheduled to take effect on February 27, 2026 , just ahead of the fiscal year 2027 H-1B cap registration season, unless delayed by legal challenges. If implemented, USCIS is expected to release additional guidance explaining how employers must submit registrations under the revised process. This change marks one of the most significant reforms to the H-1B program in recent years. Up until 2025, all registrations were treated equally once the annual cap was reached. Under the new system, selection odds will be tied to wage levels based on the U.S. Department of Labor’s Occupational Employment and Wage Statistics data. All H-1B registrations will still be placed into a single selection pool, but registrations tied to higher wage levels will receive multiple entries into that pool, increasing their likelihood of selection. Lower wage levels will receive fewer entries, making selection less likely but not impossible. H-1B wage levels are not determined solely by salary. Each wage level reflects the complexity of the job, the level of responsibility involved, and the education and experience required . Entry-level positions involving routine duties and close supervision are generally classified at the lowest wage level, while positions requiring independent judgment, advanced skills, and significant responsibility fall into higher wage levels. The highest wage level is reserved for roles that involve expert knowledge, strategic decision-making, and substantial leadership or technical authority. USCIS is expected to closely scrutinize selected petitions to ensure that the wage level claimed during registration is supported by the job duties and salary offered in the petition. Any discrepancies between the registration and the petition may result in requests for evidence, denials, or enforcement action. With the elimination of the purely random lottery, employers should begin preparing early by carefully evaluating job descriptions, wage levels, and overall H-1B strategy. Accurate classification and thoughtful planning will be essential under this new wage-based selection system. If you are an employer considering H-1B sponsorship, or a foreign professional wondering whether your position may qualify under the new wage-based system, consulting with experienced immigration counsel is more important than ever. Santos Lloyd Law is actively advising clients on H-1B cap registrations and strategy under the new rules. To discuss your options or determine whether you may qualify, contact our office to schedule a consultation.

Increase in issuance of EB-1A RFEs

By April Perez • January 9, 2026
During the recent administration there has been an increase in issuance of Requests for Evidence for EB-1A petitions for those of Extraordinary Ability. A Request for Evidence is a request that is made by USCIS that should explain how the evidence is deficient in proving the criteria argued and what additional evidence needs to be provided by the applicant to meet the criteria. EB-1A petitions are already normally subject to higher scrutiny because their approval is the first step needed to apply for Lawful Permanent Residence or a green card. USCIS normally requires not just evidence but that the evidence be provided with context and information to show why it matters in a particular field. For example, if you were providing evidence of your membership in an organization that requires outstanding achievements of its members, just providing evidence of the membership is not enough. You must explain what that membership is and provide background information on the organization granting the membership. You also need to provide evidence on the criteria that is used to select the members, information on those who select the members to show that they are recognized experts, other documentation such as articles about the membership organization to show its importance, and any other relevant evidence and background information to show that the criteria is met. A request for evidence being issued prior to the current administration was not uncommon, but in the current climate it is more surprising to not receive a request for evidence for this type of case. It is important to remember that a request for evidence is not a denial. Depending on the validity of the information in the request and the substance some Requests for Evidence can be overcome, and the case be approved. It is important to carefully review the request and note if there are any errors in the content and application of the regulations by USCIS. If you have an attorney, you should work with them and make sure that you provide any evidence you think may be helpful. Although there is a deadline by which a response must be submitted, attention to detail and patience will go a long way when dealing with having to respond to a request for evidence.  If you believe you may qualify for this type of visa, please feel free to contact our office.
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