Entendiendo la Regla de Carga Pública: ¿Qué beneficios públicos pueden afectar o no a su caso de inmigración?

Angelica Rice • July 3, 2025

 Click here to read this article in English

Cuando se solicita la tarjeta verde o la admisión en Estados Unidos, uno de los obstáculos legales a los que se enfrentan muchos solicitantes es la causa de inadmisibilidad por carga pública. Esta prueba evalúa si es probable que alguien pase a depender principalmente del gobierno para su sustento.


Pero ¿qué significa eso exactamente y qué tipos de prestaciones públicas pueden desencadenar este problema?


En este artículo, explicaremos qué significa realmente «carga pública», a quién afecta, qué tipos de prestaciones públicas se tienen en cuenta y qué deben tener en cuenta los inmigrantes a la hora de tomar decisiones sobre programas públicos como Medi-Cal y Medicaid.


¿Qué es el motivo de inadmisibilidad de cargo público?


La regla de la carga pública se aplica a las personas que solicitan un visado, una tarjeta verde (ajuste de estatus) o la entrada en Estados Unidos, a menos que pertenezcan a una categoría exenta. En virtud de esta norma, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) debe determinar si es probable que el solicitante pase a depender principalmente del gobierno para su subsistencia. Esto se refiere normalmente a recibir:


  • Ayuda pública en metálico para el mantenimiento de los ingresos (como SSI o TANF), o
  • Cuidados institucionales de larga duración a cargo del gobierno.


Esta determinación se basa en la «totalidad de las circunstancias», incluida la edad, la salud, los recursos económicos, la educación, las aptitudes y si el patrocinador ha presentado una declaración jurada de apoyo válida.


¿Quién está exento de la regla de carga pública?


Muchas categorías de inmigrantes están exentas de la causa de inadmisibilidad de carga pública. Entre ellas se incluyen:


  • Asilados y refugiados
  • Menores inmigrantes especiales
  • Solicitantes de la Ley de Violencia contra las Mujeres (VAWA)
  •  Solicitantes de visados T y U
  • Solicitantes del Estatus de Protección Temporal (TPS)


Y lo que es más importante, incluso si alguien se regulariza más tarde por una vía diferente que esté sujeta a carga pública, las prestaciones que haya recibido mientras estaban en una categoría exenta no se le imputarán.


¿Qué prestaciones públicas no se tienen en cuenta en la prueba de la carga pública?


Es un mito común y perjudicial que el uso de cualquier beneficio público pondrá en peligro su estatus migratorio. De hecho, la mayoría de los beneficios no monetarios no cuentan en su contra en una determinación de carga pública. De acuerdo con las directrices del USCIS y del DHS, los siguientes tipos de ayuda (vigentes a partir del 1 de julio de 2025) no se tienen en cuenta:


Prestaciones relacionadas con la salud


  • Medi-Cal/Medicaid, excepto para cuidados institucionales de larga duración
  • Programa de Seguro Médico Infantil (CHIP)
  • Seguro médico a través del ACA Marketplace, incluidos los subsidios
  • Pruebas, vacunas y tratamiento de COVID-19
  • Servicios sanitarios comunitarios, asesoramiento en caso de crisis y refugios de corta duración


Alimentación y nutrición


  • SNAP (cupones para alimentos)
  • WIC
  • Programas de comidas escolares
  • Bancos de alimentos y ayuda alimentaria de emergencia


Vivienda y energía


  • Alojamiento de emergencia
  • Ayuda al alquiler (por ejemplo, programas McKinney-Vento)
  • Asistencia energética (por ejemplo, LIHEAP)


Educación y atención a la infancia


  • Enseñanza pública
  • Head Start
  • Subvenciones para guarderías (por ejemplo, CCDF)
  • Subvenciones y becas educativas


Prestaciones económicas y fiscales federales


  • Crédito fiscal por ingresos del trabajo (EITC)
  •  Crédito fiscal por hijos (CTC)
  • Cheques de estímulo
  • Seguro de desempleo
  • Prestaciones de la Seguridad Social y para veteranos
  • Ayudas en metálico por catástrofes y pandemias


En resumen, el hecho de que una prestación sea pública o financiada por el gobierno no hace que cuente automáticamente en su contra.


Unas palabras de precaución sobre Medi-Cal y Medicaid, en particular


A partir de hoy (01/07/2025), el uso estándar de Medi-Cal (la versión de California de Medicaid) o Medicaid para la mayoría de los servicios relacionados con la salud no se considera en una determinación de carga pública. Esto incluye la atención preventiva, los servicios de urgencia, los servicios relacionados con el embarazo y la atención a corto plazo.


Sin embargo, si Medicaid se utiliza para la institucionalización a largo plazo, como en una residencia de ancianos o en un centro psiquiátrico, sí se tiene en cuenta en la prueba de carga pública.


A pesar de la orientación actual, estamos viendo cambios políticos y de tono por parte de la administración actual que sugieren que las políticas de carga pública pueden llegar a ser más restrictivas en el futuro. Esto incluye un renovado interés por ampliar los tipos de prestaciones públicas que pueden tenerse en cuenta, en particular en torno a la asistencia médica.


Por este motivo, en general recomendamos que las personas que soliciten el ajuste de estatus, o que puedan estar sujetas al motivo de carga pública en el futuro, eviten inscribirse en Medi-Cal o Medicaid en este momento, a menos que sea absolutamente necesario.


Reflexiones finales


La ley de inmigración es compleja, y las normas que rodean a la carga pública pueden resultar confusas o incluso aterradoras. Pero es importante entender que el uso de la mayoría de los beneficios públicos, especialmente para la alimentación, la educación y la asistencia sanitaria, no pondrá automáticamente en peligro su tarjeta verde o solicitud de visado.


Sin embargo, dado que las políticas pueden cambiar rápidamente, instamos a las personas a consultar con un abogado de inmigración antes de solicitar cualquier ayuda pública, especialmente los programas de salud como Medi-Cal o Medicaid.


Si usted tiene preguntas o preocupaciones acerca de cómo los beneficios públicos podrían afectar su caso de inmigración, nuestra oficina está aquí para ayudar. Estamos comprometidos a proporcionar orientación actualizada y personalizada para mantener su viaje de inmigración en el camino correcto.


Descargo de responsabilidad

La información proporcionada en este documento es sólo para fines informativos generales y no constituye asesoramiento jurídico. Cada caso de inmigración es único, y la aplicación de la regla de carga pública puede variar dependiendo de su situación específica. Si cree que este tema puede aplicarse a su caso o necesita orientación jurídica individualizada, le animamos a que se ponga en contacto con uno de nuestros profesionales jurídicos altamente cualificados para una consulta y asistencia adaptadas a sus circunstancias.


Fuentes:

Este blog no pretende ser una asesoría legal y nada aquí debe interpretarse como el establecimiento de una relación abogado-cliente. Programe una consulta con un abogado de inmigración antes de actuar sobre cualquier información que aquí lea.

Angelica Rice


By Angelica Rice July 3, 2025
When applying for a green card or seeking admission into the United States, one of the legal hurdles many applicants may face is the public charge ground of inadmissibility. This test evaluates whether someone is likely to become primarily dependent on the government for support. But what exactly does that mean—and what types of public benefits can trigger this issue? In this article, we’ll break down what “public charge” really means, who is affected, what types of public benefits are considered, and what immigrants should be mindful of when making decisions about public programs like Medi-Cal and Medicaid. What Is the Public Charge Ground of Inadmissibility? The public charge rule applies to individuals applying for a visa, green card (adjustment of status), or entry into the U.S., unless they fall into an exempt category. Under this rule, the Department of Homeland Security (DHS) must determine whether the applicant is likely to become primarily dependent on the government for subsistence. This typically refers to receiving: Public cash assistance for income maintenance (such as SSI or TANF), or Long-term institutional care at government expense. This determination is based on the "totality of circumstances," including age, health, financial resources, education, skills, and whether a sponsor has submitted a valid Affidavit of Support. Who Is Exempt from the Public Charge Rule? Many categories of immigrants are exempt from the public charge ground of inadmissibility. These include: Asylees and refugees Special immigrant juveniles Violence Against Women Act (VAWA) self-petitioners T and U visa applicants Temporary Protected Status (TPS) applicants Importantly, even if someone later adjusts status through a different pathway that is subject to public charge, any benefits they received while in an exempt category will not be held against them. What Public Benefits Are Not Considered in the Public Charge Test? It is a common and harmful myth that using any public benefit will jeopardize your immigration status. In fact, most non-cash benefits do not count against you in a public charge determination. According to USCIS and DHS guidance, the following types of assistance (current as of July 1, 2025) are not considered: Health-Related Benefits Medi-Cal/Medicaid, except for long-term institutional care Children’s Health Insurance Program (CHIP) Health insurance through the ACA Marketplace, including subsidies COVID-19 testing, vaccines, and treatment Community health services, crisis counseling, and short-term shelters Food and Nutrition SNAP (Food Stamps) WIC School meal programs Food banks and emergency food assistance Housing and Energy Emergency shelter Rental assistance (e.g., McKinney-Vento programs) Energy assistance (e.g., LIHEAP) Education and Childcare Public schooling Head Start Childcare subsidies (e.g., CCDF) Educational grants and scholarships Federal Cash and Tax Benefits Earned income tax credit (EITC) Child Tax Credit (CTC) Stimulus checks Unemployment insurance Social Security and veteran’s benefits Disaster and pandemic-related cash aid In short, just because a benefit is public or government-funded doesn’t automatically make it count against you. A Word of Caution About Medi-Cal and Medicaid, in Particular As of today (07/01/2025), standard use of Medi-Cal (California’s version of Medicaid) or Medicaid for most health-related services is not considered in a public charge determination. This includes preventative care, emergency services, pregnancy-related services, and short-term care. However, if Medicaid is used for long-term institutionalization, such as in a nursing home or psychiatric facility, that does count under the public charge test. Despite current guidance, we are seeing political shifts and changes in tone from the current administration that suggest public charge policies may become more restrictive in the future. This includes renewed interest in expanding the types of public benefits that may be considered, particularly around medical assistance. For that reason, we generally recommend that individuals who are applying for adjustment of status, or who may be subject to the public charge ground in the future, avoid enrolling in Medi-Cal or Medicaid at this time, unless absolutely necessary. Final Thoughts Immigration law is complex, and the rules surrounding public charge can feel confusing or even frightening. But it’s important to understand that using most public benefits—especially for food, education, and healthcare—will not automatically jeopardize your green card or visa application. Still, because policy can change quickly, we urge individuals to consult with an immigration attorney before applying for any public assistance—especially healthcare programs like Medi-Cal or Medicaid. If you have questions or concerns about how public benefits might impact your immigration case, our office is here to help. We are committed to providing up-to-date, personalized guidance to keep your immigration journey on track. Disclaimer The information provided herein is for general informational purposes only and does not constitute legal advice. Every immigration case is unique, and the application of the public charge rule may vary depending on your specific situation. If you believe this topic may apply to you or you need individualized legal guidance, we encourage you to contact one of our highly-qualified legal professionals for a consultation and assistance tailored to your circumstances. Resources: USCIS Public Charge Resources ILRC Medi-Cal and Public Charge Alert (2024) California Medi-Cal Immigrant Eligibility FAQ
By Shirin Navabi June 26, 2025
As an immigration law firm, we regularly assist highly skilled professionals working in the U.S. on temporary work visas such as H-1B who are seeking a path to permanent residency. For many of these individuals, the EB-2 and EB-3 employment-based green card categories are the most pursued—and frequently misunderstood—routes . While both are viable pathways to permanent residency, they differ in meaningful ways that can significantly impact the timing, eligibility, and overall strategy of your case. The EB-2 category is intended for individuals who either hold an advanced degree or demonstrate exceptional ability in their field . Most applicants qualify by having a master’s degree (or higher), or a bachelor’s degree accompanied by at least five years of progressive experience in their profession. There is also a subcategory within EB-2 known as the National Interest Waiver (NIW), which allows qualified individuals to self-petition without employer sponsorship if their work substantially benefits the United States. This route is especially relevant for researchers, entrepreneurs, and professionals in high national interest or mission-critical fields. In contrast, the EB-3 category includes professionals with a bachelor’s degree as well as skilled workers with at least two years of training or experience . While the educational threshold for EB-3 may appear less rigorous, the process itself is equally structured. One key distinction between EB-2 and EB-3 lies in the requirements of the job being offered, not just the applicant’s own credentials. For example, if a position requires only a bachelor’s degree, even a highly qualified candidate with a master’s degree may still fall under EB-3. Regardless of which category applies, most employment-based green card cases begin with the PERM labor certification process . This is a formal procedure overseen by the U.S. Department of Labor, in which the employer must test the labor market and demonstrate that there are no able, willing, qualified, and available U.S. workers for the position. The employer must also agree to pay the prevailing wage as determined by the Department of Labor. This step is both mandatory and highly detail-sensitive; inaccuracies in the job description, recruitment steps, or wage determination can lead to significant delays or even denials. Once PERM certification is approved, the employer files Form I-140 , the Immigrant Petition for Alien Worker. This petition confirms that the employee meets the requirements for the offered position under either EB-2 or EB-3, and that the employer is financially capable of providing the job as described. If the employee’s priority date—which is based on the date the PERM was filed—is current according to the Department of State’s Visa Bulletin, the individual may then file Form I-485 to adjust their status to lawful permanent resident. One of the more nuanced aspects of this process involves understanding how priority dates and visa backlogs affect the timeline. For applicants from countries with high demand, such as India or China, significant delays are common—particularly under EB-2. Paradoxically, there are times when the EB-3 category moves faster, prompting some applicants to file a second I-140 under EB-3 while retaining the original priority date. This strategy can be effective but requires careful legal planning to ensure it’s done correctly. Another strategic factor is portability. If your I-485 application has been pending for at least 180 days and your I-140 has been approved, you may be eligible to change employers under the AC21 portability provisions, so long as the new job is in the same or a similar occupational classification. This flexibility can be critical for employees who experience job changes or promotions during the often lengthy green card process. Ultimately, the choice between EB-2 and EB-3 isn’t about prestige —it’s about aligning your qualifications, the job requirements, and your immigration history with current legal standards and market conditions. The right strategy depends not only on your education and experience, but also on your long-term career goals and country of origin. At our firm, we work closely with both employers and employees to develop individualized immigration strategies that streamline the process and avoid unnecessary setbacks. Whether you're a corporate professional evaluating your green card options or an employer preparing to sponsor a key team member, we offer the insight and experience to move your case forward with confidence.
By Angelica Rice June 19, 2025
If you've made it to the United States as a culinary professional—perhaps on an O-1B visa that recognizes your extraordinary talent, or a P-3 visa for sharing your rich culinary heritage—congratulations! You’ve already proven yourself as a standout in your craft. But what if we told you that your journey doesn’t have to end when your temporary visa does? In fact, your current status could be the perfect stepping stone to something much more lasting: a green card through the EB-1A category. The EB-1A visa is a first-preference employment-based immigrant visa, designed for individuals with “ extraordinary ability ” in fields such as the arts, sciences, education, business, or athletics. And yes—culinary arts absolutely count. The key is demonstrating that your skills have risen to the very top of your field. If you've already gone through the O-1 or P-3 process, you're likely well on your way . Here’s the good news: much of the evidence used to obtain your O-1B or P-3 visa can be repurposed for your EB-1A petition . Awards, press features, expert testimonials, and proof of your work in prestigious kitchens or at cultural events—they're all valuable again. But what’s even more exciting is that everything you’ve accomplished while in the U.S. on your temporary visa—whether launching a signature tasting menu, starring in a food documentary, or leading culinary workshops—can now be used to further strengthen your case. According to USCIS, EB-1A applicants must meet at least three of ten criteria unless they’ve received a major internationally recognized award. These criteria include things like published material about your work, original contributions of major significance, high salary, and a critical role in distinguished organizations. For many chefs, especially those who’ve thrived in the U.S. hospitality scene, it’s absolutely achievable with the right guidance. What sets the EB-1A apart is that it does not require an employer sponsor . That’s right—you can self-petition! This means your culinary career can be as flexible and entrepreneurial as you want it to be, whether that means opening your own restaurant, expanding into media, or continuing to cook your way into America’s heart. Even better? It can be one of the fastest paths to a green card available. With premium processing, your I-140 petition can be adjudicated within just 15 business days. And if your country’s EB-1 visa category is current on the visa bulletin at the time of approval, you may be eligible to file your green card application immediately. This combination of speed, autonomy, and flexibility makes EB-1A an incredibly attractive next step in your immigration journey. At Santos Lloyd Law Firm, we love helping creative professionals take their next big step. If you’ve already wowed the world with your cuisine, the EB-1A may be your opportunity to stay and make your mark for good. Contact us today to find out if the EB-1A is the next right step for you!
Show More