¿Cómo afecta la recepción de asistencia pública mi solicitud de ajuste de estatus (AOS)?
Santos Lloyd Law Team • January 12, 2023

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La respuesta a esta pregunta cambió considerablemente después de que el presidente Biden revirtiera algunas de las duras políticas de inmigración del expresidente Trump. En 2019, Trump emitió una orden ejecutiva conocida como "La regla final de carga pública", que provocó que la recepción de la mayoría de los programas de asistencia pública afectara negativamente las solicitudes de AOS, y con pocas excepciones (por ejemplo, servicios de emergencia y beneficiarios de Medicaid que estaban embarazadas o eran menores a la edad de 21 años).
Bajo la administración actual, su recibo de asistencia pública puede continuar afectando negativamente su petición de AOS, pero solo en circunstancias limitadas. Depende de 1) cuál es su estatus migratorio actual; 2) el tipo de asistencia pública que está recibiendo; y 3) cuáles son sus circunstancias personales.
Si su estatus migratorio actual es el de asilado o refugiado, entonces su recibo pasado o actual de asistencia pública generalmente no afectará su solicitud de ajuste de estatus (AOS). Si no es un asilado o refugiado, se aplica lo siguiente.
Con respecto al tipo de asistencia recibida, el Servicio de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) evaluará si su recibo pasado o actual de asistencia pública indica que es probable que se convierta en una "carga pública", es decir, alguien que depende principalmente del gobierno para la subsistencia. Su solicitud será denegada si, en el momento de su solicitud, USCIS determina que actualmente es una carga pública o que es probable que se convierta en una carga pública en algún momento en el futuro.
Sin embargo, al tomar su determinación, USCIS puede considerar solo ciertos factores: La medida en que usted dependió de 1) la asistencia pública para el mantenimiento de ingresos; y 2) si ha requerido atención a largo plazo en una institución a expensas del gobierno. Los siguientes tipos de asistencia pública se encuentran dentro de la primera categoría (asistencia pública para el mantenimiento de ingresos) y afectarán negativamente su solicitud en ciertas situaciones:
- Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI);
- Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF) Asistencia en efectivo; programas de asistencia en efectivo estatales y locales que brindan beneficios para el mantenimiento de ingresos (a menudo llamados programas de "asistencia general");
- Programas para apoyar a los solicitantes institucionalizados para cuidados a largo plazo, por ejemplo, en un hogar de ancianos o institución de salud mental
Cuanto más tiempo dependa de la asistencia en efectivo o la atención institucional mencionada anteriormente, más lo sopesará USCIS en su solicitud. Pero, incluso si ha confiado en uno de los programas de asistencia pública enumerados anteriormente, o si ha requerido atención institucional a largo plazo durante un período de tiempo, es posible que USCIS no niegue necesariamente su solicitud de AOS. Se requiere que USCIS evalúe esta información dentro del contexto de la totalidad de todas sus circunstancias personales. Sus circunstancias personales incluyen muchos factores diferentes, que incluyen, entre otros: su edad, salud, situación familiar, estado financiero, los recursos disponibles para usted, educación y habilidades vocacionales.
Si recibió beneficios que no son en efectivo (aparte de la institucionalización para atención a largo plazo) o beneficios en efectivo para propósitos especiales que no fueron para el mantenimiento de ingresos, USCIS no lo sopesará en su contra. La siguiente es una lista no exhaustiva de beneficios no monetarios que no afectarán negativamente su solicitud:
- Medicaid y otros seguros de salud y servicios de salud (incluida la asistencia pública para inmunizaciones y para pruebas y tratamiento de síntomas de enfermedades transmisibles;
- Uso de clínicas de salud, servicios de rehabilitación a corto plazo y servicios médicos de emergencia (aparte del apoyo para la atención institucional a largo plazo;
- Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP);
- Programas de nutrición, incluidos cupones de alimentos, el Programa especial de nutrición suplementaria para mujeres, bebés y niños (WIC), el Programa nacional de desayuno y almuerzo escolar y otros programas de asistencia alimentaria suplementaria y de emergencia;
- Beneficios de vivienda;
- Servicios de cuidado de niños;
- Asistencia de energía, como el Programa de Asistencia de Energía para Hogares de Bajos Ingresos (LIHEAP);
- Socorro de emergencia en casos de desastre;
- Cuidado de crianza y asistencia para la adopción;
- Asistencia educativa, incluidos los beneficios bajo la Ley de Head Start y ayuda para la educación primaria, secundaria o superior;
- Programas, servicios o asistencia basados en la comunidad (como comedores populares, asesoramiento e intervención en casos de crisis y refugio a corto plazo)
- Programas estatales y locales que son similares a los programas mencionados anteriormente
¿Cómo se verá afectada mi solicitud de AOS si mi familiar es el que recibe asistencia pública, no yo?
Si su familiar actualmente o anteriormente dependía de la asistencia pública, pero no como su único medio de apoyo financiero, USCIS no sopesará ese beneficio en su contra al evaluar su solicitud. Pero si su familiar actualmente o anteriormente dependía de la asistencia pública como su único medio de apoyo financiero, USCIS tomará una determinación caso por caso. Evaluarán la asistencia pública de su familiar junto con la totalidad de sus circunstancias personales para determinar si es probable que se convierta en una carga pública en algún momento en el futuro.
Este blog no pretende ser un consejo legal y nada aquí debe interpretarse como el establecimiento de una relación abogado-cliente. Programe una consulta con un abogado de inmigración antes de actuar sobre cualquier información que lea aquí.
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On January 14, 2026, the Trump administration announced a freeze on immigrant visa issuance for nationals of 75 countries . The administration states that this “visa freeze” is intended to review security protocols, “reduce risks,” and control immigration flows. However, the immediate reality is that this change in policy has temporarily suspended visa processing and restricted travel for applicants from numerous countries across the globe. While the legal landscape surrounding these suspensions is highly fluid and subject to change, it is important to consider how this “visa freeze” might impact your current status or immigration plans. The scope of the restrictions varies drastically depending on your country of origin and specific visa category. Most notably, a nationality-based travel ban restricts visa issuance for 19 countries : Afghanistan, Burma, Chad, Republic of Congo, Equatorial Guinea, Eritrea, Haiti, Iran, Libya, Somalia, Sudan, Yemen, Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan, and Venezuela. Beyond this targeted ban, a broader freeze affects applicants from a designated list of up to 75 countries, leading to indefinite delays for many visa petitions. However, it is important to note that immigrant visa applications first need to be processed through USCIS, which has not paused processing applications from the 75 countries. Thus, it is important to contact an attorney to understand at what point in the process this visa freeze may affect your case. While Brazil is included in the list of 75 countries, at the time of this publication, the freeze does not include non-immigrant visas for Brazil . Non-immigrant visas are granted to foreign nationals seeking to enter the United States on a temporary basis for specific purposes, such as tourism, studying, or temporary work. This means that Brazilian applicants can still safely pursue non-immigrant employment options, such as O visas for individuals with extraordinary ability or P visas for internationally recognized athletes, without being subjected to the current travel bans or suspensions. This alert is for informational purposes only and does not constitute legal advice. There are many changes and uncertainties, so please consult with a qualified attorney at Santos Lloyd Law Firm, P.C. to understand how these evolving policies might affect your specific case

Recent data in 2026 shows a sharp increase in Requests for Evidence across employment-based visa categories such as EB-1, EB-2 NIW, O, and H-1B. Requests for Evidence (RFEs) are no longer reserved for borderline cases; even robust petitions for high-level talent are facing unprecedented scrutiny. The expansion of the USCIS Vetting Center means automated tools are cross-referencing every petition, triggering RFEs for even the smallest inconsistencies. For EB-2 NIW petitions, adjudicators are increasingly questioning the "National Importance" of a candidate’s endeavor. Even for those with impressive credentials, USCIS now demands evidence of how their work specifically benefits the U.S. on a prospective basis. For O-1A and O-1B visas, officers are applying narrower interpretations of "distinction" and "extraordinary ability," often mischaracterizing evidence already present in the record. Additionally, a troubling 2026 trend is the correlation between Premium Processing and RFEs . For discretionary categories like EB-1A and EB-2 NIW, Premium Processing has increasingly become a "fast track" to a poorly reasoned RFE. Reports indicate that adjudicators, pressured by 15-business-day timelines, may be relying on AI-assisted vetting tools that trigger automated RFEs with general and boilerplate language, rather than a thorough review and analysis of supporting documents and evidence filed. With USCIS employing more rigorous AI-driven vetting and a narrower interpretation of visa criteria, the margin for error has disappeared . As such, ensure you consult with an experienced immigration attorney before filing a petition. ' If you have any questions, please schedule a consultation with one of our experienced attorneys, and we will be more than happy to assist you.

In recent weeks, the U.S. government has moved to terminate Temporary Protected Status (TPS) for multiple countries, sparking a wave of last-minute litigation and creating significant uncertainty for beneficiaries. This shift is having a profound impact on those who rely on TPS for lawful presence and work authorization in the United States. Across the country, federal courts have intervened to pause or block scheduled TPS terminations for several countries, including Burma (Myanmar), Ethiopia, Haiti, South Sudan, and Syria. In response to these court orders, USCIS has updated its webpages to indicate that TPS status and related Employment Authorization Documents (EADs) are extended for these populations. However, USCIS is intentionally not providing specific new end dates for EAD validity while the litigation remains in flux. The Department of Homeland Security (DHS) has prominently noted that it "vehemently disagrees" with these court orders and is actively working with the Department of Justice on next steps. This legal landscape remains highly unpredictable and varies drastically depending on the country of origin. For example, on February 9, 2026, the 9th Circuit Court of Appeals granted a stay allowing the government to proceed with the termination of TPS for Nicaragua, Honduras, and Nepal while the underlying legal challenges continue. Because of this ruling, the automatic extension of work authorization for these individuals has ended, and employers are now required to reverify the work authorization of affected employees, who must present alternative valid documentation to continue their employment. These rapid changes and the lack of clear end dates are causing complications beyond the workplace. Because driver's licenses often track the length of an individual's authorized stay, many DMVs are currently declining to issue or renew driver's licenses for impacted TPS populations. For employers, managing internal communications, avoiding onboarding errors, and navigating Form I-9 compliance has become increasingly complex. It is more important than ever to be well-prepared and proactive in monitoring these rapid changes. At Santos Lloyd Law Firm, P.C., our immigration attorneys are ready to guide you through this evolving process and ensure you are informed, and supported. Please contact us if you have questions or need assistance.
